En el año 2016, la Comisión Europea adoptó una decisión con relación a dos oficios emitidos por el gobierno irlandés en favor de Apple Sales International y Apple Operations Europe, compañías incorporadas en Irlanda, pero que no eran residentes tributarios en dicho país. La Comisión concluyó que los oficios otorgaban ayuda estatal ilegítima a Apple por un monto de €13bn.
Sin embargo, el Tribunal General de la Unión Europea determinó que la Comisión no logró demostrar el requisito de que se otorgara una ventaja a Apple a través de ayuda estatal, en los términos del art. 107(1) del Treaty on the Functioning of the European Union. En síntesis, el tribunal consideró erróneo el razonamiento seguido por la Comisión para la atribución de rentas a las compañías de Apple en Irlanda.
Esta decisión deja abierta la pregunta sobre la potencial proliferación en Europa de los impuestos específicos a los servicios digitales, y los efectos nocivos que estos podrían generar en términos de comercio internacional y doble tributación. En caso que soluciones unilaterales comiencen a proliferar, surge la pregunta de si podrían expandirse a América Latina y, en particular, a Chile.
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